Por Armando Maya Castro
La alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes, en franco desafío al Estado laico, entregó simbólicamente a Jesucristo las llaves de la ciudad de Monterrey (Imagen: YouTube). |
El pasado sábado, Margarita
Arellanes Cervantes, alcaldesa de Monterrey, participó en un evento evangélico
denominado “Monterrey ora”, organizado por la Alianza de Pastores de Monterrey.
Durante el desarrollo del acto, la alcaldesa entregó las llaves de la ciudad a
Jesucristo, acción que constituye una violación a los artículos 1°, 24, 40 y
130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de
los artículos 1°, 3°, 25 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público (LARCP).
Ante unas 3 mil personas, la
edil regiomontana, católica y de extracción panista, expresó las siguientes
palabras: "Reconociendo que la participación humana es indispensable,
sabemos que por sí sola no tiene la capacidad de revertir las tinieblas que
sólo la luz de la fe de Dios puede desvanecer. Es por eso que hoy estamos aquí
reunidos y yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo, para que su reino de paz y
bendición sea establecido”.
No lanzaré calificativos
contra la alcaldesa blanquiazul, como los que circulan en su contra en las
redes sociales, o como aquellos que han utilizados sus adversarios políticos,
algunos de los cuales se han atrevido a calificar de patológica su conducta. Me
interesa, por encima de todo, insistir en el respeto que merece la Constitución
General de la República, esa que las autoridades juraron cumplir y hacer
cumplir al tomar posesión de sus cargos.
La Secretaría de Gobernación
(Segob) y la Subsecretaría de Asuntos Religiosos tienen el deber de iniciar un
expediente respecto a la participación oficial de Arellanes Cervantes en el referido
evento religioso. Esta acción ilegal, realizada en connivencia con un grupo de
pastores ansiosos de notoriedad mediática, desafía la histórica separación del
Estado y las iglesias, además de atentar contra el principio de libertad
religiosa, que consiste en respetar la convicciones religiosas de los demás.
El temor de millones de
mexicanos es que la Segob vaya a actuar en este caso como actuó en el pasado
reciente, cuando dejó impunes diversos atropellos al Estado laico. El más
sonado de ellos, la “macrolimosna” que el gobernador de Jalisco, Emilio
González Márquez, entregó a la Arquidiócesis de Guadalajara para la edificación
de un templo cristero en el cerro del tesoro, municipio de Tlaquepaque. En
aquella ocasión, la Segob dio carpetazo al acuerdo de la Cámara de Diputados
relativo a la solicitud que se hizo a la dependencia del Ejecutivo federal para
que investigara y determinara la legalidad de un donativo que se hizo con
recursos del erario. Gobernación debe poner fin a este tipo de impunidad,
sancionando conforme a la ley a los funcionarios que, en franco desacato, han
desafiado el Estado laico.
Es preocupante que la Segob
no haya hecho nada hasta este momento en relación a los actos en que los
gobernadores César Duarte Jáquez, de Chihuahua, y Javier Duarte de Ochoa, de
Veracruz, consagraron sus estados al sagrado corazón de Jesús y al doloroso e
inmaculado corazón de María. Esta impunidad no le hace ningún bien al Estado
laico ni a las libertades que de él emanan, por el contrario las perjudica, ya
que alienta a otras autoridades a proceder como lo hicieron los mandatarios
antes mencionados.
Para el analista en asuntos
religiosos, Bernardo Barranco Villafán, el epicentro de esta nueva actitud
“radica en el propio presidente de la República, que no ha escondido su
trayectoria y fervor religioso”. El periodista explicó vía telefónica al diario
El País que estos cambios comenzaron a darse con Vicente Fox y el panismo, que
lleva en su ideario la doctrina social de la Iglesia católica. Sobre el
proceder de los gobernadores y alcaldes que han participado oficialmente en
actos religiosos, Barranco Villafán explicó que es Enrique Peña Nieto quien
“propicia” dicha actitud desde el Gobierno.
Nadie está coartando la
libertad religiosa de los gobernadores que han consagrados sus estados a la
virgen. Tampoco cuestionamos la fe de la alcaldesa de Monterrey, ni la de los
alcaldes Rodolfo Ambriz Oviedo de Benito Juárez, Nuevo León (PAN), César Garza
Villarreal de Guadalupe, Nuevo León (PRI), y Enrique Pelayo Torres de Ensenada,
Baja California (PRI), quienes entregaron a Jesucristo las llaves de sus
municipios. Cuestionamos que estas autoridades pasen por alto la ley que
prohíbe a los funcionarios públicos participar con carácter oficial en actos
religiosos (Artículo 25, LARCP).
Las autoridades civiles, pero
sobre todo los ministros de culto de las iglesias, deben tener presente que fue
Jesucristo quien estableció, con palabras sabias y memorables, la sana
separación que debe existir entre la política y la religión: “Dad al César lo
que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.
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